COLECCIÓN DE DESPEDIDAS: 1. AMNISTÍA INTERNACIONAL

Voy a volver a escribir aquí. Lo que sigue es quizá aburrido. Es la carta al director de Amistía Internacional España, dándome de baja.

Estimado Señor:

Le escribo para comunicarle mi decisión de darme de baja en la Organización.

Me gustaría trasladarle mis razones, que podrá conocer si tiene la amabilidad de continuar leyendo. En caso contrario, me despido de usted con todo respeto.

Por resumir, le diré que la razón de mi baja es el desacuerdo sobre la posición de Amnistía Internacional en el caso denominado por la prensa como “la manada” y la transcendencia que concedo a aquella postura de la Organización.

Amnistía Internacional trabaja por el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves abusos, como los juicios injustos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia de género.

Estos conceptos son claros si se considera que un juicio justo y con garantías restituye la verdad, la justicia y supone la reparación de la víctima. Pero en este caso, Amnistía Internacional se ha sumado a las voces que consideran que, en casos que se califican como de violencia de género, la verdad, la justicia y la reparación son las que declare o demande la víctima y, de no ser así, nos encontaríamos ante juicios injustos lo que daría a la Organización motivos para intervenir.

Un elemento material de la definición de los objetivos de la organización modifica todos los aspectos formales de la misma. Este es el núcleo de mi desazón. 

Creía yo que el objetivo de Amnistía Internacional era conseguir que la palabra que cuente sea la de la justicia, que es una palabra razonada acorde a la ley, una palabra que, además, puede ser recurrida dentro de ese mismo marco.

Lo que Amnistía Internacional ha hecho, en este caso, es sumarse a los que consideran que hay una palabra superior a la que dicta el juez: la de la persona que se presenta como  víctima, de modo que la justicia solo debe revalidar esa palabra, amplificando su efecto. 

En el caso del que le hablo, tres instancias institucionales ejercían dos tipos distintos de acusación: la acusación pública, el Ministerio Fiscal; la acusación particular, la administración de la Comunidad de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.  Si entendemos que las acciones de Amnistía Internacional tienen como destinatarios los Estados como garantes del “derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves abusos”, es innegable que el Estado Español ha actuado en defensa de los intereses de la demandante, sumando su acusación particular a la que ella misma ejercía. 

Pero Amnistía Internacional protestó contra la sentencia, sumándose a las voces que lo hicieron, desde el momento mismo en que fue comunicada, sin haber podido estar en la vista oral (que fue casi toda ella a puerta cerrada), y,  por lo tanto, sin conocer la sentencia, ni el juicio, y apoyándose solo en su antónimo, el  prejuicio.

Ante este hecho insólito, adopté la decisión de leer la sentencia. No soy jurista, pero debo decirle que me pareció un ejercicio impresionante (por meticuloso, claro y fundamentado), de intentar salvaguardar el principio de presunción de inocencia, contra quienes prefieren saltárselos por las prisas en ver respaldados sus presupuestos. 

La actitud de esos jueces, y no la de Amnistía Internacional, me pareció que era la necesaria para atacar una peligrosísima línea de pensamiento que se está materializando.

Esa línea de pensamiento está detrás de alguno de los movimientos políticos que más deberían asustar a la Organización, por su contenido, y por darse en países democráticos, como son los de Bolsonaro en Brasil o Duterte en Filipinas. Ambos mandatarios consideran que la presunción de inocencia es un mero trámite para remilgados con el que se pretende ocultar la crudeza de unos hechos que exigen reparación sin contemplaciones.

Enfrascados en la urgencia de sus propias reivindicaciones, es posible que algunos grupos feministas de género no sean capaces de ver que sus presupuestos, en este aspecto, se parecen a los protofascistas, hasta el punto de que, personalmente, soy incapaz de encontrar las diferencias conceptuales.  

Una organización como Amnistía Internacional no debería dar alas a quienes consideran que la urgencia de su causa puede acabar con el respeto a las formas jurídicas. 

Considero que el derecho que se debe defender ahora, como siempre, es el de presunción de inocencia mientras persista una duda razonable. Amnistía Internacional ha dejado de defenderlo y por ese motivo me doy de baja de la organización.

La saluda atentamente, 

Ángel Camacho Álvarez.

. (Y, le contaré un secreto, además: la sentencia cree todo lo que dice la víctima).